

FIFA reporta ingresos récord durante su Congreso anual en Vancouver, pero enfrenta una posible demanda colectiva relacionada con el caso Diarra. La normativa sobre las rescisiones de contrato de jugadores sigue sin definirse.
El Congreso anual que se celebra en Vancouver vota unos ingresos récord, pero sigue en el aire fijar una norma definitiva sobre las rescisiones de contrato de un jugador y la amenaza de una demanda colectiva por el caso Diarra

El Consejo de la FIFA celebrado el pasado martes en Vancouver..FIFA
PABLO POLO
Vancouver
07:14CEST
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La FIFA celebra hoy su 76 Congreso que reúne a representantes de las 211 Federaciones miembro en Vancouver, una de las sedes de este Mundial que arranca en junio y que acoge este evento por segunda vez tras hacerlo en Montreal en 1976. Vancouver, que albergará en el BC Stadium siete partidos, incluidos dos de la fase de eliminatorias, respira por tanto estos días fútbol por los cuatro costados y, como el resto de sedes, cuenta los días para que en su país arranque la competición.
El Congreso de la FIFA no es más que un aperitivo, pero no deja de ser un plato fuerte para el máximo organismo del fútbol internacional porque se aprueban unas cuentas históricas a las puertas de la Copa del Mundo y porque en el aire siguen latentes las dudas que genera el artículo 17 tras la sentencia europea en el caso Diarra de octubre de 2024, y más en concreto sobre las consecuencias inciertas aún de la resolución unilateral del contrato por parte de un jugador.
La sentencia del TJUE dijo en su momento que los jugadores están en clara desventaja porque no saben las consecuencias de romper un contrato que ahora es contrario a la libre circulación y a la competencia leal. Lo que hizo la FIFA entonces fue abrir un debate global nada más conocerse la sentencia, suspender parte del articulo 17, como las sanciones deportivas si rompe un jugador el contrato, y crear un nuevo sistema que fuera más compatible con la libre circulación europea.
Ahora mismo se rigen los traspasos por una normativa interina, pero es provisional y en las discusiones que existen se barajan soluciones que deberían plasmarse antes de que se abra el nuevo mercado de verano. La FIFA, por su parte, espera que en los próximos mese se plasme la norma, como mediador entre intereses muy distintos. A finales de 2025, dicho organismo ya apuntó que se seguía trabajando en una nueva norma que tendrá que ser aprobada por el Consejo en los próximos meses.
Hasta que se haga realidad esta normativa, si un jugador decide rescindir su contrato el caso acabaría en la FIFA y de ahí en apelación al TAS en Europa. En España, mientras tanto, iría a un juzgado de lo social porque no son arbitrables las disputas laborales.
Una de las soluciones que se planteó era dejar a los clubes y los jugadores especificar cuál es la consecuencia de rescindir el contrato, es decir, en base a una cláusula de rescisión como España, pero eso no tiene consenso porque, como se ha visto en este país, y a raíz del decreto 1006 de 1985, las cláusulas se han disparado y son inaccesibles por desproporcionadas, así que debería seguir algunos parámetros para que sea proporcional.
Esta es la partida de ajedrez que se está jugando ahora tras la histórica sentencia del TJUE sobre el caso Diarra, la forma de encontrar un diálogo entre todas las partes, también UEFA o la propia Asociación de clubes Europeos (EFC) y los propios sindicatos, ahora más divididos, para plasmar una norma que despeje el camino.
Sin embargo, los clubes no ven con tan buenos ojos cualquier intento de FIFA de fijar la norma forzado por la sentencia europea en su contra, porque entienden que le otorgaría a los jugadores el poder para abandonar sus clubes muy fácilmente incumpliendo su contrato, sabiendo lo que tiene que pagar en cualquier momento. Los clubes, en definitiva, temen que esta norma otorgue más poder a los jugadores para no respetar el contrato original.
Como en cada edición, en el Congreso de la FIFA se votan hoy las cuentas con unos unos ingresos de 2.661 millones de dólares en 2025 y una partida que ha presupuestado en la cifra récord de 14.000 millones para el ciclo 2027-2030. Sin embargo, hay una cifra en la sombra que preocupa y que lleva detrás también el caso Diarra. No es otra que la milmillonaria demanda que se va a depositar antes de este verano en un despacho de los Países Bajos y que puede rondar los 8.000 millones, en este caso por daños derivados desde que la FIFA implantó esta norma de transferencias en 2002 y pese a que el máximo organismo la elaboró en su momento para ajustarse a la ley Bosman y de acuerdo con el resto de actores del fútbol.
Esta cantidad nace de la petición de la asociación Justicia para los Jugadores (Justice for Players), yque en España no está teniendo excesivo recorrido al existir las cláusulas de rescisión, pero que en otros países de Europa mucho más. En Francia, sin ir más lejos y según L'Équipe, hay mil jugadores que reclaman dinero a la FIFA a través de su sindicato, UNFP, que a su vez es co demandante y en total hay 18 sindicatos o asociaciones que la apoyan, como en Italia, Países Bajos o Bélgica, lo que englobaría a unos 100.000 jugadores. En cuanto a España, dicha asociación también está intentando hacer partícipe a este país, pero se están encontrando dudas de que prospere precisamente por el obstáculo de las cláusulas de rescisión.
Todo pasaría por llegar a demostrar que esta norma nacional es ilegal también por el caso Diarra, pero llevará tiempo y seguramente implique elevar una cuestión prejudicial a Europa, como se hizo en su momento con el caso del ex jugador del Real Madrid contra el Lokomotiv de Moscú.
En cuanto a FIFpro, que ha sido y sigue siendo el sindicato internacional mayoritario de los futbolistas, no se ha sumado, pero ha mostrado su apoyo a la iniciativa. FIFpro, que estará presente en el Congreso de la FIFA a través de su secretario general, Alex Phillips, se ha visto relegado este último año por la FIFA, que inició por su cuenta una serie de debates y reuniones en Rabat el pasado mes de noviembre para buscar soluciones a las demandas de los futbolistas y la que no fue invitada dicha asociación, lo que provocó una contundente respuesta para dejar patentes las diferencias.
En lo que respecta a España, David Aganzo, que también asiste al Congreso como presidente de la AFE, ha creado un sindicato paralelo, Asociación de Futbolistas Internaciones (AIF) que sí ha tenido buena acogida por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que entiende que FIFpro no ha colaborado en esta materia en busca de soluciones.
Todo arranca también desde la resolución europea de octubre de 2024 que decretó ilegales parte de las normas de traspasos de la FIFA de 2002 por la que un jugador que decidiera abandonar su club de forma unilateral tenía que abonar a su entidad las cantidades pendiente de sus años de contrato que le quedarían en vigor. Detrás de esta asociación está el despacho de abogados Dupont Hissel, que ya lideró el pleito que cambió el mundo del fútbol, el de la famosa Ley Bosman.
La asociación estima que 100.000 jugadores podrían haberse visto afectados por esta norma de 2002, sobre un 8% de la masa salarial, por lo que ascenderían a 6.000 millones en Europa los daños más otros 2.000 si se añaden los futbolistas del resto de continentes.
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FIFA ha reportado ingresos récord durante su Congreso anual, aunque la cifra exacta no se menciona en el artículo.
El caso Diarra podría resultar en una demanda colectiva que afecta a FIFA, aunque los detalles específicos no están claros.
El Congreso anual de FIFA se celebró en Vancouver.
Se está debatiendo la fijación de una norma definitiva sobre las rescisiones de contrato de jugadores, pero aún no se ha tomado una decisión.

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