La regularización de presos extranjeros ha provocado duras críticas por parte de los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil JUPOL y SUP. "Resulta especialmente alarmante porque contradice directamente las declaraciones realizadas por el propio Ejecutivo, en las que se aseguraba por activa y por pasiva que no se regularizaría a personas que pudieran suponer un peligro para la seguridad o la salud pública", afirman desde JUPOL.

El comunicado llega después de que el Gobierno instara a los centros penitenciarios a dar facilidades a los presos extranjeros para tramitar su regularización extraordinaria. Los funcionarios deben informar a los presos que sean susceptibles de beneficiarse del Real Decreto 316/2026, además de colaborar en los trámites burocráticos para que el proceso se lleve a cabo.

JUPOL mantiene que abrir las puertas a determinados presos extranjeros supone un potencial problema para la seguridad. "Nos encontramos ante una situación en la que estas personas no solo han podido cometer delitos, sino que en muchos casos ya cuentan con sentencia firme o están en prisión preventiva por la comisión de delitos de especial gravedad", informa el sindicato.

La Oficina Principal de Correos en Madrid, situada en el Paseo del Prado, donde ha empezado a tramitarse la regularización extraordinaria.EFE

Denuncian contradicciones en la política migratoria

El Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) también critica la postura del Gobierno de España. "Personas que estarían en el circuito de expulsión pasan a integrarse en un procedimiento administrativo", argumentan. Según el SUP, esta regularización supone una "contradicción" en la política migratoria del Gobierno.

El Partido Popular, por su parte, también lamenta la medida. "El decreto de regularización exige carecer de antecedentes penales. Eso significa que los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos. Un preso preventivo es aquel al que un juez ha enviado a la cárcel por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Es decir, alguien sobre quien pesa una sospecha de delito grave", asegura la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

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