PP, Vox y Junts se unen para acelerar los desahucios y tumbar el tope al alquiler

Q: ¿Qué medidas están impulsando PP, Vox y Junts respecto a los desahucios?

Están buscando acelerar los desahucios de personas vulnerables y eliminar el tope al alquiler.

Q: ¿Cuál es el objetivo de la alianza entre PP, Vox y Junts?

El objetivo es iniciar la tramitación de medidas que faciliten los desahucios y eliminen restricciones al alquiler.

Q: ¿Qué consecuencias tendrán estas medidas para los inquilinos vulnerables?

Las medidas podrían resultar en un aumento de desahucios y una mayor dificultad para acceder a viviendas asequibles.

Q: ¿Cómo afecta esta unión a la política de vivienda en España?

La unión de estas formaciones conservadoras podría cambiar significativamente la política de vivienda, favoreciendo intereses de propietarios sobre los derechos de inquilinos.

Política

PP, Vox y Junts se unen para acelerar los desahucios de vulnerables y tumbar el tope al alquiler

Las tres formaciones conservadoras suman mayoría para iniciar la tramitación

PP, Vox y Junts se unen para acelerar los desahucios de vulnerables y tumbar el tope al alquiler

JORGE MORAGÓN

Actualizado 21/04/2026

20:44CEST

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el Partido Popular que persigue una reforma profunda del mercado de la vivienda en España. La iniciativa legislativa ha salido adelante gracias al respaldo de Vox, Junts y UPN, logrando superar el rechazo del bloque de izquierdas y la abstención del PNV y Coalición Canaria. Aunque, cabe remarcar que, ahora la norma afronta ahora una fase de enmiendas que dificulta su aprobación definitiva.

La propuesta pretende agilizar los trámites burocráticos para la construcción. No obstante, el texto ha generado controversia al incluir disposiciones que alteran significativamente el marco de protección social vigente. Según la diputada popular Soledad Cruz-Guzmán, estos cambios son imprescindibles para "devolver la confianza y seguridad jurídica a los propietarios, inversores y promotores" ante lo que consideran un fracaso de las políticas de control de precios.

Desde las filas de la derecha, se defiende que la administración pública es quien debe asumir la tutela de los ciudadanos sin recursos, descargando de esta responsabilidad a los dueños de los inmuebles. En esta línea, el representante de Vox, Ricardo Chamorro, ha criticado duramente la actual legislación estatal, calificándola de "auténtico desastre". A su juicio, las normativas actuales han provocado que se haya "reducido la oferta, ha disparado los precios, ha convertido al propietario en un enemigo y ha premiado al okupa".

Por su parte, Junts ha justificado su apoyo centrándose en la necesidad de desatascar proyectos urbanísticos que actualmente se encuentran paralizados por defectos de forma menores. La formación independentista ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central, a la que la diputada Marta Madrenas ha achacado una "visión excesivamente ideologizada". Según Madrenas, el problema radica en un "modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular" el sector inmobiliario.

Repercusiones en los umbrales de vulnerabilidad y desahucios

El núcleo de la reforma plantea una modificación técnica de los criterios para acceder a moratorias en los desalojos. Entre los puntos más destacados se encuentra la reducción del umbral de ingresos para ser considerado vulnerable, que pasaría de los 1.800 euros actuales a 900 euros mensuales. Esta medida dejaría fuera de la protección legal a un volumen considerable de familias que hasta ahora podían retrasar judicialmente su salida de una vivienda.

Asimismo, la normativa contempla la supresión de los mecanismos que permiten declarar zonas de mercado tensionado y la eliminación de los índices de precios que topan las rentas mensuales. El proyecto de ley busca facilitar a las empresas la "inmediata recuperación" de sus activos inmobiliarios a través de procesos judiciales rápidos, eliminando además la posibilidad de que los inquilinos vulnerables prorroguen sus contratos de forma excepcional por un año.

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